FSC-CCOO Aragón | 29 marzo 2024.

Al Juzgado por incumplimiento de Convenio

    Función Pública pretexta estar «en funciones» para no convocar el concurso de traslados de personal laboral

    13/07/2011.
    Al Juzgado por incumplimiento de Convenio

    Al Juzgado por incumplimiento de Convenio

    Como  ya anunciamos en días anteriores, CCOO ha interpuesto una demanda judicial en la vía de lo social tras agotar los trámites previos de conciliación en la Dirección General de Trabajo y en la Comisión Paritaria para intentar conseguir que Función Pública convoque el concurso anual de Traslados previsto en el VII Convenio Colectivo. Pese a que no tener ningún sentido, como ya dijimos, la convocatoria de este órgano de interpretación del convenio, al no haber nada que interpretar, acudimos a la reunión para constatar lamentablemente que la Dirección de Función Pública se reiteraba en el incumplimiento del convenio, no dejándonos otra vía que la de acudir a los Tribunales.

    En la Comisión Paritaria, CCOO reiteró que no hay razón alguna que justifique el incumplimiento de esta obligación legal de convocar concurso de traslados en el primer trimestre de cada año. Dicho incumplimiento no sólo impide el ejercicio del derecho de los trabajadores a la movilidad, sino que causa retrasos en el ciclo completo de la provisión (turno de accesos a otra categoría y determinación de las plazas para ser ocupadas como primer destino).

    Nuestro sindicato volvió a reclamar los datos actualizados de RPT para saber cuántas vacantes con el crédito retenido no fueron recogidas en la propuesta de más de 600 plazas a incluir en el concurso que hizo Función Pública en las tres reuniones informativas previas mantenidas con CCOO y las demás organizaciones sindicales en el mes de junio.

    En todo caso, y al igual que defendimos en aquéllas reuniones, CCOO exigió en la Paritaria una sola cosa: LA CONVOCATORIA INMEDIATA DEL CONCURSO DE TRASLADOS DEL PERSONAL LABORAL. Al no aceptarse esta exigencia, Comisiones Obreras ha presentado el correspondiente conflicto colectivo para que sea el Tribunal de Justicia de Aragón el que a través de sentencia reponga la legalidad vulnerada una vez más por la Administración autonómica.