El Área Pública de CCOO Aragón presentará demanda contra las medidas de personal del Decreto Ley 4/2020

    Ante la falta de negociación, el Área Pública de CCOO Aragón presentará demanda por vulneración de derechos fundamentales contra las medidas de personal recogidas en el Decreto Ley del Gobierno de Aragón por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. Consideran que dicho decreto no puede recoger importantes medidas que afectan negativamente al personal del Gobierno de Aragón, sobre todo cuando no ha habido negociación previa.

    09/07/2020.
    Momento de la rueda de prensa Área Püblica CCOO Aragón. De izquierda a derecha: Guillermo Herráiz, Delia LIzana y Roberto Abenia.

    Momento de la rueda de prensa Área Püblica CCOO Aragón. De izquierda a derecha: Guillermo Herráiz, Delia LIzana y Roberto Abenia.

    Responsables del Área Pública de CCOO Aragón formada por las Federaciones de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía han anunciado esta mañana la demanda que van a interponer por vulneración de derechos fundamentales ante la falta de negociación colectiva de las materias recogidas en el Capítulo IV del Decreto Ley publicado el pasado 25 de junio en Boletín Oficial de Aragón.

    Delia Lizana, Coordinadora del Área Pública y secretaria general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Aragón, ha explicado que la demanda va dirigida exclusivamente contra el Capítulo IV, dado que en el resto se recogen una serie de medidas que sí fueron negociadas con los agentes sociales como la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica.

    Precisamente una de las primeras cuestiones que criticó la sindicalista fue que se aprovechase un Decreto Ley para introducir cuestiones en materia de personal que no habían sido en ningún momento negociadas con las organizaciones sindicales.

    Así, enumeró que en el mencionado Capítulo IV se establece la atribución temporal de funciones para las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de Aragón de forma forzosa, lo que permite que cualquier empleado o empleada público pueda ser destinado a cualquier otra unidad incluso fuera de su localidad.

    Las vacaciones sufren también limitaciones ya que en caso de no ser disfrutadas en el año natural se pierden. Según Delia Lizana esto perjudica gravemente a muchos empleados, por ejemplo de la Sanidad, que no pueden disfrutar ahora de sus vacaciones por falta de personal, y por supuesto a quien se encuentra en Incapacidad Temporal o en Baja por paternidad o maternidad que hasta ahora podían disfrutarlas al finalizar dichos periodos aunque fuese el año siguiente.

    Por último, también criticó la medida adoptada sobre teletrabajo que obliga al empleado o empleada de la Comunidad Autónoma que quiera acogerse al mismo a disponer de los medios adecuados.

    Delia Lizana calificó de “despropósito consolidar la voluntariedad y la flexibilidad de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Aragón en un Decreto Ley, más sin haber existido ninguna negociación previa”. Y, que no se debe perjudicar más a las empleadas y empleados públicos que han sido junto al resto de servicios esenciales “quienes han dado la cara y han esto al pie del cañón durante esta crisis”.

    Por su parte, Roberto Abenia, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Aragón, recalcó que las medidas que se implementan en el Capítulo IV necesariamente se tendrían que haber negociado con los sindicatos, y calificó de “militarización” la pretendida movilidad funcional y geográfica forzosa que pretende implantarse.

    El sindicato señaló que va a emprender la vía judicial por vulneración de derechos porque no tienen otra posibilidad, pero no descartan que cualquier persona que se vea afectada por estas medidas pueda interponer demanda y el juez termine interponiendo una cuestión de inconstitucionalidad.

    Por último, Guillero Herraiz, secretario general de la Federación de Enseñanza mostró su preocupación por las consecuencias que puede tener para el personal docente la regulación que se hace del teletrabajo y la movilidad que puede imponerse al personal no docente. Estas situaciones que se dieron durante la crisis sanitaria y que fueron aceptadas tanto por los profesionales como por las organizaciones sindicales “por tratarse de una situación excepcional, no pueden ser ahora consolidadas como algo permanente”.

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