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Correos: CCOO reitera el rechazo a las propuestas de la AIReF de suprimir el reparto diario, cerrar oficinas y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores

CCOO, sindicato mayoritario en Correos y en el conjunto del sector postal, ha calificado estas medidas de "propuestas letales" para el servicio postal público.

08/07/2019.

Manifestación del personal de Correos

Manifestación del personal de Correos

Asimismo, ha tildado de sesgado el análisis de la AIReF y ha denunciado que sus conclusiones tienen una clara carga ideológica para desmantelar el servicio público prestado por Correos, en línea con las propuestas de los lobbies de la paquetería privada, la CNMC o la Comisión Europea.

Para CCOO, las consecuencias de estas medidas, graves para el conjunto del país, serían funestas para la "España vaciada".

CCOO, sindicato mayoritario en Correos y del sector postal, ha reiterado su más contundente rechazo ante las propuestas de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que, en su informe sobre Correos, mantiene sus recetas de suprimir miles de oficinas, eliminar el reparto de correspondencia, suprimir servicios incluidos en el Servicio Postal Universal y despedir a la mayor parte de su plantilla. El sindicato ha calificado estas medidas de "propuestas letales" para un servicio público prestado con eficiencia a millones de ciudadanas y ciudadanos, decenas de miles de empresas y buena parte de las Administraciones.

CCOO ha denunciado que el informe, filtrado por diferentes medios de comunicación desde hace dos meses, realiza una lectura sesgada de los datos disponibles, omitiendo cifras clave y realizando una interpretación más que interesada de las presentadas.

Entre otras contradicciones, el sindicato ha llamado la atención ante el hecho de que el informe de la AIReF incluya:

En su comparativa con otros Correos, a países que todavía cuentan con monopolio postal, como Australia o Canadá ?frente al mercado abierto a la competencia desde hace décadas en España?.
Al comparar la financiación pública recibida por otros países, omita magnitudes como la extensión y la población. Por poner algunos ejemplos Francia, de similar extensión, e Italia, la mitad de España, triplican la financiación de España. Y también lo hace Bélgica, que supone la tercera parte de la superficie de Castilla y León o de Andalucía, casi la tercera parte de Castilla-La Mancha, inferior al tamaño de Aragón e igual que Catalunya o Galicia.
Silencia que España es uno de los países de toda la Unión Europea con menor ratio de oficinas y empleados postales para el conjunto de la ciudadanía, lo que hace insostenible el argumento, claramente ideológico, de que el Correo español está hipersubvencionado.

La AIReF, lejos de reflejar en su informe las evidentes carencias en financiación y recursos de Correos, que sigue sin un Plan de Prestación desde hace casi 30 años, arremete contra uno de los servicios públicos con mayor ausencia de respaldo e iniciativa política del conjunto del sector público, proponiendo su definitivo abandono y omitiendo que los operadores postales con los que compara a Correos cuentan con una solidez de gestión empresarial y de recursos públicos que sólo ha sido posible conseguir tras décadas de respaldo y estrategia definida para un sector fundamental en la vertebración territorial, económica y social del Estado.

El sindicato reitera su más contundente rechazo a una propuesta orientada al desmantelamiento del Correo público, alineada con idénticas propuestas defendidas por la Comisión Europea, la CNMC, algunas formaciones políticas y la patronal privada de paquetería.

Iniciativas letales para el servicio prestado a millones de ciudadanos, ciudadanas y empresas

De llevarse a término, las propuestas del informe de la AIReF supondrían que millones de personas y empresas, entre ellas PYMES y autónomos, en el ámbito urbano pero sobre todo en el rural, quedarían desatendidos o mal atendidos porque dejarían de recibir correo a diario para hacerlo una, dos o tres veces por semana (notificaciones, citaciones médicas, paquetería, cualquier tipo de documentos). Supondría igualmente el cierre de dos tercios de las oficinas de Correos (1.600 de sus actuales 2.400 oficinas), y el despido de 30.000 trabajadores y trabajadoras. Todo ello con directa repercusión en un servicio público del que depende la ciudadanía, miles de empresas y la práctica totalidad de las Administraciones.

Las consecuencias de estas medidas, graves para el conjunto del país, serían funestas para la "España vaciada", necesitada de una red e infraestructura imprescindible para acceder al resto de las Administraciones y servicios públicos y para contar con infraestructuras que permitan el desarrollo económico y empresarial de miles de empresas que cuentan con los servicios de Correos como elemento básico de su actividad.