FSC-CCOO Aragón | 16 julio 2024.

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      La Ley de Función Pública de Aragón cerca de ser una realidad

        CCOO apuesta por una Ley de Función Pública que garantice el empleo público y unos servicios públicos de calidad

        19/12/2013.
        Negociación de la Ley de Función Pública de Aragón

        Negociación de la Ley de Función Pública de Aragón

        Han pasado más de 6 años desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Una Ley que obligaba a redactar una nueva Ley de la Función Pública aragonesa que debía sustituir a la vigente de 1991.
        Seis años y dos Gobiernos han sido necesarios para que los más de 60.000 empleados de las Administraciones Públicas de Aragón (Autonómica, Local y Universidad) puedan tener una regulación común.
        El pasado lunes, 16 de diciembre, se constituyó la Mesa Común de Negociación de las Administraciones Públicas. Ámbito de negociación dónde están presentes todas las Administraciones Publicas aragonesas y los sindicatos más representativos (CCOO, UGT y CSIF), y en el que se va a negociar la Ley de la Función Pública de Aragón.
        Una ley para la sociedad aragonesa, en donde se regulen las condiciones básicas en las que se deben prestar los servicios públicos de todas las Administraciones Públicas Aragonesas. Una Ley que reivindique la función pública, el servicio a la ciudadanía.
        Una ley que  homologue los servicios públicos ofrecidos, homogeneizando las estructuras administrativas y de personal, coordinando las formas de acceso, selección y formación del personal y facilitando la movilidad entre los empleados públicos de las diferentes administraciones.
        Una Ley que permita tener unos servicios públicos de calidad prestados por empleados públicos seleccionados de manera regular y transparente, apostando por el modelo funcionarial  garantía de la independencia del poder político.
        Una ley que apueste por el empleo, acabando con la destrucción de empleo público, y que respete la periodicidad de las ofertas de empleo público para terminar con las altas tasas de temporalidad, unificando procesos selectivos ?oposiciones-,  y dando respuesta al nuevo mapa de titulaciones universitarias y de formación profesional.
        Una Ley para los empleados públicos aragoneses, que considere prioritario  el capital humano de las Administraciones, el activo más importante y fundamental, aprovechando  la formación, cualificación y experiencia del personal.
        Una Ley que apueste por la promoción en todas sus modalidades (vertical, horizontal y cruzada) y por una carrera horizontal única.
        Una ley que necesita desarrollo reglamentario, tan importante o más que la propia Ley. Y en dónde serán claves el Decreto de Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que debe abordar la estructura de puestos con un sistema de valoración de puestos y con criterios que permitan limitar los puestos de trabajo reservados a libre designación (fuente de discrecionalidad y politización histórica), el Decreto de Carrera Profesional, el Decreto de Provisión de Puestos, que junto con el de RPT, garantiza la movilidad interna de los empleados públicos en condiciones de igualdad y el decreto del Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) que regula el papel de este Instituto y la selección y formación de personal.
        Los empleados públicos de Aragón nos jugamos mucho en la negociación de esta ley. La ciudadanía aragonesa también. Es el momento de definir el modelo de Función Pública que queremos para Aragón, y el modelo de servicios públicos al que tenemos derecho.