La DGA, militariza

    El Gobierno de Aragón impone por decreto la movilidad funcional y geográfica mediante la atribución temporal de funciones forzosa

    26/06/2020.
    Ni propuesta ni global

    Ni propuesta ni global

    Desde ayer, 25 de junio, cualquier trabajador o trabajadora, ya sea personal funcionario o laboral de la DGA podrá ser obligado a trabajar de cualquier función, en cualquier centro de trabajo, de cualquier localidad, por el tiempo que la Administración considere necesario.

    El Gobierno de Aragón ha decidido imponer la movilidad funcional y geográfica utilizando la figura de la atribución temporal de funciones retorciéndola hasta hacerla casar con sus inaceptables pretensiones.

    El Gobierno de Aragón ha decidido prorrogar el estado de alarma sólo en la DGA y, de paso, ir un poco más allá, suspendiendo por decreto los derechos laborales de los más de 50.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración Autonómica.

    El Gobierno de Aragón ha decidido que, para implantar las 273 medidas de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica necesitaba una medida más, la 274, la que sirve para cargarse toda la normativa en materia de personal y debe imponerlo por decreto.

    El Gobierno de Aragón ha decidido crear las “Unidades transitorias de apoyo a la gestión” en dónde los trabajadores y trabajadoras que allí sean destinadas podrán trabajar en cualquier tarea, sean o no las propias de su categoría, podrán ser trasladados forzosamente a diferente localidad y departamento sin límite temporal.

    El Gobierno de Aragón ha cambiado unilateralmente, y sin negociación, la regulación de la atribución temporal de funciones, ha modificado el Decreto de provisión, el convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario.

    El Gobierno de Aragón ha decidido que las vacaciones no disfrutadas caducarán a final de año, sea cual sea la causa que haya impedido su disfrute.

    El Gobierno de Aragón ha decidido que quien quiera teletrabajar deberá ponerlo todo (ordenador, conexión y suministros), a diferencia de lo que plantea el Ministerio de Trabajo que propone que sea el empleador el que facilite todos los medios.

    En definitiva, se implanta un régimen militar sin ninguna justificación. Y para que no quede ninguna duda de quién manda aquí se incluye en el Decreto-Ley una advertencia disciplinaria. Quien no obedezca las órdenes será sancionado.

    CCOO no va a permanecer impasible ante este atropello. El compromiso de las empleadas y empleados públicos con la recuperación económica y social de Aragón es total. Pero ese compromiso no es incompatible con el mantenimiento de nuestros derechos laborales y nuestras condiciones de trabajo.

    El Gobierno de Aragón ha vulnerado, con este Decreto-Ley, la normativa estatal básica en materia de negociación colectiva y derechos laborales. Y CCOO no lo va a consentir. En los próximos días, presentaremos la correspondiente demanda judicial.

    Frente a la imposición, negociación. Frente a la militarización, movilización.

    Documentación asociada
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