FSC-CCOO Aragón | 2 mayo 2024.

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      Doble vara de medir

        CCOO solicita que se aplique a las trabajadoras y trabajadores de la DGA el mismo criterio en el pago de dietas y desplazamientos que el utilizado para el Consejero Blasco y al Vicepresidente Nolasco, como miembros del Gobierno de Aragón, y a los que se les va a pagar el alojamiento en Zaragoza.

        12/04/2024.
        doble vara de medir

        doble vara de medir

        Hace unos días, tuvimos conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno de Aragón va a pagar los gastos de alojamiento en Zaragoza a los miembros turolenses del Ejecutivo. Y así, el Vicepresidente Alejandro Nolasco y el Consejero Manuel Blasco van a tener a su disposición un apartamento para cada uno de ellos con un coste de 800 euros mensuales por cada vivienda, es decir, 19.200 euros de coste total para la Administración.

        Para poder justificar legalmente que el Gobierno de Aragón se haga cargo del pago de estos gastos, fue necesario introducir una enmienda (que contó con el apoyo del PP, PAR y VOX) en los Presupuestos de Aragón para el año 2024.

        ¿Y por qué se tuvo que presentar esa enmienda?

        La respuesta es muy sencilla. Porque si al Vicepresidente Nolasco y al Consejero Blasco se les aplicaba la norma (de carácter estatal) que se aplica a cualquier trabajador o trabajadora de la DGA, el alquiler del apartamento se lo tendrían que haber pagado ellos.

        Y, precisamente, para evitar que el señor Nolasco, cuyo sueldo anual es de 79.463,52 euros, y el señor Blasco, con un sueldo anual de 74.741,41 euros, tuvieran que hace frente a ese gasto, el Gobierno introdujo la disposición cuadragésima tercera en la Ley de Presupuestos de Aragón. 

        Resulta cuando menos curioso, la habilidad y rapidez jurídica que ha mostrado el Gobierno de Aragón para resolver el “problema financiero” que tenían parte de sus miembros integrantes. Pero, además de curioso, resulta indignante comprobar la diferencia de trato que el gobierno presta según sea el rango de la persona afectada.

        En la DGA, a diario, varios cientos de trabajadores y trabajadoras deben utilizar su vehículo particular para desplazamientos en el ejercicio de su trabajo. Personal docente, personal sanitario del SALUD, personal de Salud Pública ponen a disposición de la Administración su coche y, a cambio, reciben una indemnización de 0,26 euros por kilómetro, cuantía absolutamente insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento del vehículo y combustible. 

        En la DGA, a diario, conductores que trasladan a personal funcionario o a altos cargos, deben poner dinero de su bolsillo para poder pagar el menú porque la dieta por manutención depende del grupo de clasificación del trabajador o trabajadora. Y no ha sido la primera vez en la que el conductor se come un bocadillo en la barra del restaurante mientras el resto de acompañantes comen de menú porque la cuantía de la dieta se lo permite.

        CCOO lleva años reclamando la regulación autonómica de las cuantías de las dietas y gastos de kilometraje, ya que la norma aplicada en Aragón es un Decreto de carácter estatal. Además, CCOO, cada año en la mesa de negociación previa a la aprobación de los Presupuestos, ha propuesto que, hasta que se apruebe la norma, se aplique temporalmente, con carácter excepcional, unas indemnizaciones que impidan que los trabajadores y trabajadoras pongan dinero de su bolsillo.

        Concretamente, en noviembre del año pasado, CCOO propuso una enmienda a la Ley de Presupuestos para fijar el precio del kilometraje en 0,31 euros por kilómetro, en lugar de los 0,26 euros actuales, y establecer una dieta única para todo el personal, altos cargos incluidos (ver propuesta). Por supuesto, esta enmienda fue rechazada por el Gobierno de Aragón.

        Ayer, en la Mesa General de Negociación, CCOO volvió a reiterar su rechazo a la doble vara de medir que utiliza el Gobierno de Aragón, y volvió a solicitar la regulación autonómica de los gastos de dietas y kilometraje. El Director General de Función Pública se mostró de acuerdo con la necesidad de regular esta cuestión y se comprometió a trasladar la petición al Gobierno.