FSC-CCOO Aragón | 3 julio 2024.

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      La Audiencia Nacional da la razón a CCOO y UGT en el conflicto contra Cruz Roja Española por el ERE encubierto

        El pasado mes de enero, CCOO y UGT planteamos una demanda en la Audiencia Nacional al conocer que Cruz Roja Española había despedido a 148 personas sin cumplir lo que marca la ley en casos de despido colectivo. Tras un aplazamiento en marzo, el 5 de junio tuvo lugar la vista. Acabamos de conocer la sentencia, que estima completamente nuestra demanda y, en consecuencia, Cruz Roja España deberá readmitir a las personas despedidas y pagarles el salario de estos seis meses.

        01/07/2024.
        Cruz Roja Española

        Cruz Roja Española

        CCOO y UGT manifiestan que la Cruz Roja, la mayor entidad de carácter humanitario, no puede tener una dirección que:

        • Utiliza los fondos públicos y las donaciones de los ciudadanos para despedir de forma ilegal e injusta a las personas trabajadoras.
        • No cumple con lo establecido en la legislación en materia laboral.
        • Incumple el plan de igualdad al no proporcionar la auditoría retributiva a la representación legal de las personas trabajadoras.

        Por todo ello, CCOO y UGT exigimos a Cruz Roja:

        • Que cumpla con lo establecido en la sentencia y proceda a la incorporación inmediata de las 148 personas trabajadoras despedidas de forma ilegal.
        • Que no recurra esta sentencia, lo que podría acarrear un ingente desembolso económico que comprometería algunos de los muy necesarios programas que desarrolla la entidad.
        • Que negocie con los sindicatos la aplicación de un convenio colectivo de empresa para toda la plantilla, que tenga como mínimo de derecho necesario el convenio sectorial de referencia.
        • Que cumpla con lo establecido en la legislación en materia de planes de igualdad.

        Asimismo, solicitamos a las Administraciones Públicas y a los ciudadanos y ciudadanas que exijan a la dirección de Cruz Roja el cumplimiento de la legislación laboral y el respeto de la Ley de Contratos del Sector Público, al igual que se pide al resto de las organizaciones del tercer sector de acción social.