El 10 de junio, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-ley 21/2020, en el que se contemplaban las medidas a adoptar en la denominada nueva normalidad.
En su artículo 7, y respecto a los centros de trabajo, se señala que deben adoptarse medidas para “la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible”.
En la DGA, y ya desde la reincorporación gradual de todo el personal a los centros de trabajo, a principios de mayo, la práctica totalidad de los responsables de personal de los distintos Departamentos habían iniciado una cruzada contra el teletrabajo, obligando a la reincorporación presencial a la mayor parte de la plantilla.
La entrada en vigor de la nueva normalidad fue la puntilla. Y así, en la actualidad, únicamente el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento cumple con las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 21/2020.
En el resto de la DGA, salvo raras excepciones, el teletrabajo ha sido declarado proscrito y ningún trabajador o trabajadora tiene la posibilidad de teletrabajar, ni siquiera el personal considerado vulnerable o el que tiene necesidades de conciliación.
Y dentro de esas excepciones se encuentra el personal funcionario de la Administración de Justicia que va a poder teletrabajar, de momento, hasta el 15 de julio de 2021.
CCOO denuncia la irracional aplicación del teletrabajo en la DGA. ¿Por qué es posible implantarlo en unos Departamentos y en otros no? ¿Defiende el Gobierno de Aragón la diferencia de trato entre unos trabajadores y otros? ¿Hay personal de primera y de segunda en la Administración autonómica?
CCOO exige la recuperación del teletrabajo de forma inmediata. No cabe discriminación alguna entre trabajadores y trabajadoras de la misma Administración.
Además, los últimos rebrotes de coronavirus aconsejan potenciar esta forma de prestación de servicios. Es deber de todos, de todas, contribuir a frenar la expansión de la transmisión de la enfermedad. También del Gobierno de Aragón.