La división y ruptura que el presidente de la compañía quiere hacer con Correos, en el plazo de un año o año y medio, según sus propias palabras -coincidiendo con lo que resta de legislatura-, es un paso más en la estrategia de desmantelamiento del servicio postal público (asequible y accesible para la ciudadanía) denunciado por CCOO y UGT, que confirma el afán liberalizador y “nada progresista” de Serrano, en su política de abandono y debilitamiento del correo público.
Para CCOO y UGT, las consecuencias sociales son, entre otras, el recorte de servicios públicos a la ciudadanía, que afectará especialmente en las zonas rurales de la España vaciada, en los archipiélagos de Baleares y Canarias, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde el refuerzo de los servicios públicos es fundamental, contradiciendo la estrategia del Gobierno progresista de potenciar los servicios públicos y de no dejar a nadie atrás en la recuperación (las buenas palabras y la propaganda no sirven para nada sin financiación y compromiso). También habrá consecuencias empresariales: el sector postal lleva décadas liberalizado, con un altísimo grado de competencia, postal y de paquetería, con empresas muy consolidadas y otras de reciente aparición, y con las plataformas digitales de entrega de la última milla al acecho, que suponen un riesgo para la estabilidad y supervivencia empresarial. Y, por último, habrá consecuencias laborales por la pérdida de derechos y la segregación de la plantilla, que provocarán el aumento de la conflictividad ya existente en Correos.
El presidente utilizó en la reunión el ejemplo a seguir de la división de RENFE en dos empresas totalmente diferentes: Renfe operadora y Adif, división que conllevó la segregación de las plantillas y la conflictividad laboral durante años, con el objetivo de imitar el modelo liberalizador del correo alemán, que tiene a DHL como bandera y no recibe financiación por el servicio postal universal, en detrimento de modelos postales de éxito (social y económico) con fuerte apoyo público como el del correo francés prestado por La Poste, defendido por CCOO y UGT para un correo público español de calidad, moderno y competitivo.
En la situación actual de debilidad económica generada por la desastrosa gestión de la crisis sanitaria primero, y la estrategia comercial después, a la que se añade la manifiesta incapacidad de los directivos actuales para gestionar Correos, trocear la compañía en unidades de negocio solo puede suponer el fin del servicio público postal y la venta de Correos a precio de saldo.
CCOO y UGT se oponen frontalmente a la división y a la segregación de su personal. Con un Gobierno socialista, una decisión de esta naturaleza no la puede tomar en contra del 74% de la representación sindical. Por ello, CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones exigiendo a la empresa y al Gobierno la rectificación del desguace postal y que apuesten por un modelo postal público, sostenible social y económicamente, que garantice la cohesión social y territorial, con financiación suficiente, para prestar un servicio postal de calidad a toda la ciudadanía.