FSC-CCOO Aragón | 2 octubre 2023.

CCOO exige medidas que minimicen los graves riesgos laborales de las personas trabajadoras del ciclo integral del agua

    Lanzamos la campaña "Trabajar con mie*** no significa trabajo de mie***", con la que pretendemos concienciar sobre la elevada siniestralidad del sector y la necesidad de proteger adecuadamente a sus plantillas, así como establecer para ellas coeficientes reductores de su edad de jubilación.

    13/02/2023.
    Trabajar con mie*** no significa trabajo de mie***

    Trabajar con mie*** no significa trabajo de mie***

    El saneamiento y un mal tratamiento de las aguas residuales genera muertes y problemas graves de salud en las personas trabajadoras del ciclo integral del agua, así como el deterioro del medio ambiente. En España hay 12.350 personas que trabajan en el alcantarillado y depuración de aguas residuales, lo hacen en condiciones peligrosas e insalubres, no solo para ellas, sino también para el medioambiente. La prestación de este servicio, desconocido para la ciudadanía, es pública, pero está gestionado mayoritariamente por empresas privadas especializadas y olvidado por las administraciones.

    Se trata de un servicio esencial de primera necesidad con unas condiciones laborales muy precarias. Por ello, desde el sector del Ciclo Integral del Agua de FSC-CCOO, reivindicamos a la administración y a las empresas gestoras del agua una mayor protección, vigilancia y control de los peligros sobre la salud que supone trabajar en el saneamiento. También exigimos el reconocimiento y registro de todas aquellas enfermedades generadas por la exposición prolongada y en muchos casos inevitables a riesgos tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres. Por último, pedimos que se establezcan coeficientes reductores de la edad de jubilación de las personas trabajadoras del sector.

    Desde este lunes, 13 de febrero, el sector del Ciclo Integral del Agua de FSC-CCOO lanza la campaña ‘Trabajar con mie*** no significa trabajo de mie***’, con la que reivindicamos una prevención de riesgos laborales adecuada, el registro de las enfermedades profesionales que se producen, y el establecimiento de coeficientes reductores para la edad de jubilación. También se pretende concienciar sobre las peligrosas consecuencias para el medio ambiente de una inadecuada gestión de este servicio.

    La campaña se desarrollará mediante la difusión de un vídeo y diversos materiales a través de las redes sociales, e incluirá también concentraciones (como la que se ha convocado este lunes en Logroño), y reuniones con responsables de ayuntamientos y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

    Las depuradoras se construyeron para descontaminar el agua y devolverla al medio en las mejores condiciones posibles y es de sobra conocido que la gran cantidad de contaminantes que se vierten en el agua deterioran su calidad y el medio ambiente, pero se desconocen e ignoran todos los procesos de depuración y las tareas que realizan las personas trabajadoras.

    El saneamiento es una actividad en la que se tratan los residuos fecales de hogares y vertidos permitidos o incontrolados de fábricas, que llegan a las depuradoras a través de los colectores. La composición de estos vertidos ya es de por sí un peligro: contaminantes patógenos biológicos con capacidad de provocar enfermedades, junto a vertidos de fábricas de composición inestable e indefinida que generan gases tóxicos y peligrosos. Se contemplan una concurrencia de riesgos que pueden verse incrementados por el aumento de la edad y la estructura organizativa del trabajo es tan estricta que hace que sea imposible retirar a las personas afectadas de las tareas que generan peligrosidad, toxicidad, penosidad e insalubridad, unos riesgos difícilmente evitables en estas instalaciones de descontaminación.

    La gestión de este servicio es pública, a partir de entidades y consorcios supramunicipales, pero el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones se adjudica temporalmente a empresas privadas especializadas. Las empresas que concursan, para llevarse la concesión, bajan el precio de ejecución rozando la temeridad, condicionando económicamente el gasto previsto para las mejoras y mantenimiento de las instalaciones y afectando directa y negativamente a las condiciones laborales de la plantilla, en especial en las higiénicas, ergonómicas y organizativas.

    Las bajas por enfermedad común en el sector, muchas susceptibles de ser de origen laboral, no quedan debidamente registradas en el código ocupacional correspondiente, enmascarando las dolencias en otros sectores productivos. La revalorización económica en las licitaciones empuja a las plantillas a unas condiciones laborales precarias y a una falta de inversión en las infraestructuras, que no acompañan con la responsabilidad social de la gestión del agua como recurso.

    Además, la accidentalidad laboral está alarmantemente por encima de la media. En 2021, la incidencia en accidentes mortales triplicó la media nacional. En último avance de accidentalidad, de enero-noviembre 2022, el índice de incidencia de accidentalidad en jornada con baja duplica la media, y la actividad del saneamiento es la tercera más accidentada. La tendencia marcada en 2022 indica que la actividad de suministro de agua y saneamiento volverá a triplicar la media nacional de accidentes mortales.

    Si a la falta de inversión en el mantenimiento le sumamos que las estaciones depuradoras no están preparadas para la eliminación de sustancias peligrosas y microorganismos, estos contaminantes pueden introducirse en el medio ambiente. El vertido de las plantas depuradoras, el agua depurada reutilizada, que se usa para el riego de jardines y limpiezas y los residuos sólidos generados, que son tratados para hacer compostaje agrícola, deben cumplir con un control analítico de calidad. Incumplir la normativa de aplicación medioambiental puede suponer y supone la contaminación de los ríos, mares, acuíferos y tierras de cultivo.

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